S
eñor Presidente del Congreso de los Diputados, señor Presidente del Senado, señor Presidente del Gobierno y señoras y señores Ministros en funciones, señoras y señores diputados y senadores, al iniciar una nueva legislatura, os saludo, y deseo que vuestro trabajo como representantes del pueblo español esté siempre a la altura de las esperanzas que hay puestas detrás de vuestra elección.
Se trata de la quinta legislatura que, como Rey de España, me corresponde inaugurar, desde aquélla que los españoles, en uso de su libertad, eligieron en la primavera de 1977. Este hecho, en sí mismo considerado, merece alguna reflexión. Porque no sólo es una prueba del arraigo y estabilidad que adquieren ya las instituciones de nuestra Monarquía parlamentaria, sino que debe recordarnos otra circunstancia importante de la que posiblemente la velocidad y el alcance de los cambios ocurridos durante estos últimos años nos ha impedido tener conciencia. La importante circunstancia de que quienes asistimos a esa formidable mutación histórica con el recuerdo de experiencias anteriores, ya no somos los únicos protagonistas de nuestro destino colectivo, porque estamos ante una nueva generación de españoles cuya única experiencia es la vida pública en libertad. No conocen, ni desean conocer otra distinta. Una generación de la que también forma parte el Príncipe de Asturias, heredero de la Corona.
Muchos de ellos habrán ejercido por primera vez sus derechos políticos con motivo de la elección de estas Cortes Generales. Vuestra tarea aquí será, por tanto, la primera respuesta que reciban a sus decisiones políticas, y contribuirá, como pocas otras cosas, a moldear su sensibilidad como ciudadanos.
A todos ellos quiero decir también que la existencia de un pueblo de hombres y mujeres libres no es sinónimo de facilidad o de exigencias individuales sin contrapartidas, sino, más bien, de esfuerzo y de sentimientos solidarios.Todos ellos quiero que sepan que la convivencia en una democracia representativa es un valioso privilegio que pocos pueblos han conseguido preservar a lo largo de su historia; tan sólo aquellos que, durante varias generaciones, han apreciado y han cuidado mecanismos de relación tan complejos y delicados como los que ese tipo de convivencia humana genera y precisa para su mantenimiento.
Comienza esta nueva Legislatura cuando es ya un hecho consumado la integración de España en las instituciones comunitarias de Europa occidental. Dos acontecimientos así lo indican: que nuestra nación haya ejercido por primera vez la presidencia comunitaria y que los españoles hayan participado ya, por dos ocasiones, en la elección del Parlamento Europeo mediante sufragio universal. De esta manera, resulta hoy de plena vigencia, como dije aquí con motivo de la apertura de la pasada legislatura, que Europa ha dejado de ser un punto de referencia, para convertirse en una condición de nuestro futuro.
A partir de esta condición europea, hemos de mantener y reforzar nuestras relaciones con las naciones hermanas de Iberoamérica. Desde este compromiso permanente de la Corona, quisiera demandar el impulso decidido de las Cortes Generales a una tarea que juzgo común para toda la nación: que la posición española en relación con aquellas naciones se configure, cada vez más, como un factor de progreso, de pacificación y de libertad.
La proximidad del V Centenario debe ser un estímulo más en esa tarea y una ocasión para renovar y dinamizar el vínculo entre todas las naciones de esta comunidad histórica. Y dentro de esta política de Estado, quisiera expresaros mi deseo de que seamos capaces de llevar a cabo un esfuerzo muy especial dirigido a la presencia y proyección en el mundo de nuestra cultura y nuestra lengua comunes.
En el horizonte de la legislatura que hoy comienza figura, asimismo, el año 1992 como una fecha en la que habrán de confluir toda la ilusión y todo el esfuerzo colectivo de la sociedad española para dar un paso decisivo, tanto en la proyección exterior de España como en nuestra propia marcha hacia la modernidad.
La magnitud de los compromisos que nos aguardan para esa fecha implica que el trabajo y la movilización de recursos humanos y económicos que se exige de nosotros trascienda con mucho los límites de una acción política o de gobierno concreta, por importante que ésta sea, para abarcar a la sociedad española en su conjunto, con todas sus fuerzas sociales, políticas y económicas. El horizonte de 1992 ha de suponer, en suma, el principal catalizador del proceso de modernización en que está empeñada toda la sociedad española y la muestra principal de nuestra aportación a la convivencia pacífica en el mundo.
Por otra parte, nuestra condición europea es, también, lo que puede prestar una mayor consistencia a la posición de España respecto a los extraordinarios cambios que ahora se inician en la Europa del este. Hace apenas pocos meses nadie podía aventurarlo. Pero lo cierto es que hoy asistimos en esa zona del mundo a un proceso mediante el que diversas naciones extraen de su vieja tradición histórica y cultural, por tantos motivos admirable, energías para rectificar con la mayor dignidad su destino y orientarlo hacia el sistema de valores que permanece inscrito tanto en aquella tradición propia como en los cimientos de nuestra Europa comunitaria.
Nos encontramos, de manera imprevista, ante un futuro en el que, no sólo a partir de los deseos, sino también a partir de la razón de los hechos, podemos vislumbrar el final de las divisiones del continente. Nuestra completa pertenencia al núcleo mismo de la Europa democrática y de las libertades puede adquirir, en tal situación, una importancia añadida. De una parte, porque puede proporcionarnos criterios sólidos y estables, elaborados mediante una reflexión común junto al resto de los países comunitarios, para afrontar la profunda transformación que aquel proceso para todos implica. De otra parte, porque permitirá poner en valor nuestra propia y reciente experiencia de transición hacia un Estado democrático, conjugada con la que también tenemos en cuanto a la integración europea.
No obstante, la credibilidad de España ante el mundo seguirá dependiendo, en último término, de nuestra propia capacidad para avanzar en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho que proclama la Constitución, y que tiene, como una de sus piezas fundamentales, el respeto, por parte de todos los poderes públicos y por parte de los ciudadanos, a la ley que emana del parlamento.
Ha de recordarse que el sentido profundo de las leyes en el Estado moderno es el de expresar, ante todo, un imperativo moral. Esto es: un mandato que contiene una aspiración que se opone y trata de modificar los aspectos que se consideran injustos de la realidad existente. Puede afirmarse así que el concepto de ley equivale al más ambicioso intento de los hombres por ensanchar o garantizar el ámbito de lo posible y deseable frente a lo dado o existente.
Bajo esta perspectiva, el ejercicio de la potestad legislativa que os corresponde, viene a ser el punto de arranque, el principio motor de la tarea, que también según nuestra Constitución compete a los poderes públicos, de remover los obstáculos que impidan o dificulten la realización de las ideas de justicia, igualdad y libertad. Dicho con otras palabras, la ley queda configurada como el principal instrumento para hacer frente al desvalimiento que, bajo diferentes formas, afecta a gran número de seres humanos en las sociedades contemporáneas.
El imperio de la ley en nuestro ordenamiento representa, por otra parte, la clave de bóveda de la seguridad para los ciudadanos y, más concretamente, de la exclusión de la violencia en las relaciones sociales. La más dolorosa quiebra de este principio se produce entre nosotros en la medida que la sociedad española sigue siendo víctima de violencia terrorista, sin que pueda servir de consuelo el número tan reducido de quienes todavía utilizan el terror como lenguaje y práctica habituales.
Es cierto que supone un avance notable que cada vez sea más sólido y extenso el conjunto de fuerzas políticas y sociales comprometidas activamente contra el terrorismo, que está definitivamente desterrado del ámbito de la razón política. La magnitud del rechazo que el terrorismo genera deriva, sin duda, de un general convencimiento acerca de la capacidad de nuestro sistema para amparar y dar cabida a cualquier objetivo político. Es dominante en la actual sociedad española la voluntad de convivir en un orden político basado en la tolerancia.
Ello se ha traducido en que ninguna aspiración quede excluida por principio mediante supuestos límites supraconstitucionales y que, más bien al contrario, el mismo ordenamiento constitucional sea la primera garantía de que todo es posible por la vía pacífica, en el marco y conforme a las reglas de las instituciones democráticas.
La violencia resulta, así, aún más desesperante a causa de su propia esterilidad. Como demuestra vuestra presencia aquí y la amplitud de los límites del trabajo que os aguarda, no hay motivo para que no desaparezca hasta el último rastro de violencia y de dolor en nuestra tierra, que sólo merece ser un espacio de paz fértil donde labrar nuestra historia.Por ello y por todo lo anterior, todos los ciudadanos debieran prestar su reconocimiento a la dignidad y al relieve de la empresa que, como legisladores, os espera.
Al mismo tiempo que el principio de esta misión que se inicia con la apertura solemne de las Cortes, celebramos hoy el día de la Constitución, un día lleno de significado y trascendencia, porque en la Constitución hemos de encontrar todos nuestra forma de conducta y la base de la convivencia entre todos los españoles, dentro de la ley, la justicia y la paz.
Diputados y senadores, España desea mirarse con orgullo en sus representantes y ver reflejadas en ellos las virtudes que más aprecia, como son la dedicación e integridad en el trabajo, la lealtad a las propias ideas y el respeto generoso a las personas y, singularmente, al adversario político. Tales virtudes os demando, y estoy convencido de que, tras cumplir con vuestro deber, ese orgullo será también el vuestro al final del camino.
Queda abierta la legislatura.