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l VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, según se señala en su convocatoria, se celebra en España con ocasión del aniversario de nuestra Constitución, y se hace como un homenaje a nuestra Ley de leyes en el momento en que se cumplen sus primeros veinticinco años de vigencia. Durante todo ese tiempo, bajo su amparo, España ha disfrutado de unas cotas de libertad, democracia y progreso social como nunca ha ocurrido en nuestra historia. En consecuencia, quiero que mis primeras palabras sean, de reconocimiento por un lado y de agradecimiento por otro al Comité Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por su decisión de celebrar el Congreso en Sevilla con tal motivo.
También quiero agradecer al Comité Organizador su invitación a este acto de inauguración haciendo hincapié en el hecho de que como Licenciado en Derecho, con una mayor inclinación hacia el Derecho Público, especialmente el Derecho Constitucional, tiene para mi un hondo significado estar hoy con ustedes en esta Universidad de Sevilla.
No creo que sea preciso en este foro poner de manifiesto la extraordinaria satisfacción con la que estamos celebrando en España este aniversario y en qué medida valoramos que los constitucionalistas de toda Iberoamérica hayan querido acompañarnos en esta celebración.
Y qué mejor manera de acompañarnos que haciendo lo que bien saben hacer: poniendo en común con el saber de expertos juristas el análisis de las distintas experiencias constitucionales de cada uno de sus países. Estoy seguro de que es mucho lo que tenemos que aprender los unos de los otros.
Afortunadamente, en estos veinticinco años el avance de la democracia ha sido la norma en Iberoamerica. Nunca antes en nuestra historia común ha sido tan extensa la presencia de la democracia en nuestros países. Disponemos, por tanto, de una experiencia en alguna medida homogénea sobre la que reflexionar y aprender.
Y la primera enseñanza que la realidad y la teoría nos proporcionan es que no hay más Constitución auténtica que la Constitución democrática, que es la única que en su texto articulado organiza debidamente los Poderes del Estado, condiciona y limita efectivamente su ejercicio y asegura los derechos y libertades de los ciudadanos. Es así la única Constitución capaz de ser, verdaderamente, norma fundamental.
Sin embargo, también la realidad y la teoría nos proporcionan otra enseñanza: que la existencia de una cultura constitucional democrática constituye uno de los más firmes apoyos de la Constitución y una de las mayores garantías de su cumplimiento.
La ejemplaridad y constancia de las fuerzas políticas y de todos los servidores del Estado, los valores cívicos que deben ser consolidados mediante el sistema educativo, la realización de políticas sociales orientadas a promover la igualdad y reducir las desigualdades, el ejercicio responsable y equilibrado de los Poderes y la búsqueda del entendimiento por los agentes económicos y sociales, son, entre otras, condiciones indispensables para que las normas fundamentales arraiguen y tengan una efectiva vigencia.
Un lugar muy destacado en la creación y consolidación de esa cultura le corresponde a los propios constitucionalistas a través de su trabajo académico. Una Constitución viva es una Constitución que es permanentemente estudiada, tanto en un texto como en su contexto. La práctica ciudadana sin teoría constitucional que la acompañe se vería limitada de manera significativa. De ahí la importancia del Derecho Constitucional para la efectiva vigencia de la Constitución.
El trabajo académico es, en consecuencia, un componente esencial de la práctica constitucional, de la Constitución que realmente opera como presupuesto para el ejercicio de los derechos por los ciudadanos y como fundamento del ejercicio del Poder por los órganos constitucionales del Estado.
Hoy contamos, por fortuna, como señalé al principio, con una común experiencia iberoamericana que ha forjado un Derecho Constitucional común. Por encima de las diferencias específicas en cuanto a las formas de gobierno, compartimos sistemas democráticos basados en categorías generales que son trasladables a todas nuestras Constituciones como son: la primacía de la Norma Fundamental, el concepto de derechos fundamentales y sus garantías jurisdiccionales, el significado de la Justicia Constitucional, de la que algunos países iberoamericanos ya nos facilitaban ejemplo antes incluso que naciera en Europa, el contenido del Estado Social de Derecho, las dimensiones del principio de legalidad, el sistema de división y equilibrio de poderes y, en fin, la mayoría de las categorías jurídico-constitucionales que hoy son un patrimonio común de todos nosotros.
Les animo a que continúen y profundicen en el estudio de ese conjunto de categorías generales, de común vigencia en nuestros ordenamientos, no sólo limitándose al análisis de la Constitución propia de cada uno de ustedes, sino extendiéndolo también, de manera omnicomprensiva, a las demás Constituciones iberoamericanas. De esa manera obtendremos un Derecho Constitucional comparado que nos permita hablar no sólo de la existencia, hoy gozosa y pujante, de un Derecho Constitucional en Iberoamérica, sino también de un Derecho Constitucional Iberoamericano
Estoy convencido de que los constitucionalistas españoles tienen mucho que aportar al proceso de puesta en común de esas experiencias compartidas. En ese sentido, el 25 aniversario de nuestra Constitución constituye, sin duda, una excelente oportunidad para celebrar el éxito político mas relevante de nuestra historia reciente.
El adecuado funcionamiento de las instituciones y órganos constitucionales del Estado, la articulación de poderes territoriales basados en el reconocimiento de las nacionalidades y regiones, la integración de España en los foros internacionales y el profundo arraigo y ejercicio de los derechos y libertades por los españoles son elementos básicos para entender el desarrollo económico, el progreso cultural y el bienestar social alcanzado durante este último cuarto de siglo.
Queda, sin duda, tarea por realizar y nuevos problemas que afrontar. En ese sentido, este aniversario es también una excelente ocasión para constatar y tener presente que el balance abrumadoramente positivo de los resultados obtenidos trae causa de la firme determinación de las fuerzas políticas en lograr un entendimiento compartido, en su esfuerzo generoso y en una amplia capacidad de renuncia y de subordinación de intereses propios al interés colectivo.
Por otra parte, creo oportuno también resaltar en este acto, el relevante papel que España ha venido desarrollando y desarrolla en el ámbito de la gobernabilidad democrática en Iberoamérica a través de los programas de fortalecimiento institucional.
El establecimiento de poderes judiciales independientes e imparciales; el apoyo a los gobiernos locales y a la descentralización; la protección de los derechos humanos a través de la creación de Defensorias del Pueblo y la formación de las Fuerzas de Seguridad; los procesos de modernización de los sistemas tributarios y de las Administraciones Públicas, constituyen las principales áreas de actuación desarrolladas por España en orden a la consolidación del Estado de Derecho.
No quiero terminar mis palabras sin felicitar al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por la excelente tarea que viene desarrollando, desde hace ya muchos años, y singularmente por la labor de construcción de la comunidad de constitucionalistas iberoamericanos. Comunidad que es hoy una feliz realidad, como lo prueba el éxito de sus ya ocho Congresos y las estrechas relaciones personales y académicas que a todos sé que les unen.
Conseguir que la Constitución de cada país responda, de la mejor manera posible, a la altura del tiempo en que vivimos, a los interrogantes acerca del por qué y del cómo reforzar nuestra convivencia, es la tarea que se espera de ustedes en este Congreso. No tengo la menor duda del éxito de sus trabajos.
Confío, en consecuencia, en que este homenaje a la Constitución española, que agradezco profundamente y al que me uno con total convicción, sea también un momento de impulso a la cultura constitucional de todos los países iberoamericanos y a la comunidad de constitucionalistas iberoamericanos, de cuyo trabajo todos acabaremos beneficiándonos.