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Palabras de S.M. el Rey en el acto solemne conmemorativo del XL Aniversario del Tribunal Constitucional

Sede del Tribunal Constitucional. Madrid, 06.07.2020

Celebro muy especialmente que hoy podamos reunirnos, aún con las necesarias y prudentes limitaciones, en la sede de nuestro Tribunal Constitucional, para conmemorar este importante aniversario.

Los 40 años de esta institución ocupan una parte fundamental en la historia democrática de España, en la historia de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Y es, sin duda, un aniversario que debemos conmemorar con la solemnidad y gratitud debidas, siendo muy conscientes del papel tan central que juega este Tribunal en el desarrollo continuo de nuestro ordenamiento y nuestra convivencia en un régimen de libertad y de garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Naturalmente, al celebrar este acto y recordar tantas cosas de la historia de esta casa, también lo hacemos muy conscientes de la grave situación que ha vivido recientemente nuestro país, debido a la pandemia de la Covid-19; cuyas consecuencias de todo orden, en el plano interno e internacional, se prolongarán aún por más tiempo, aunque estoy seguro de que nuestra sociedad continuará afrontándola con prudencia, solidaridad y responsabilidad.

En este largo periodo vital del Tribunal Constitucional se han imbricado las trayectorias personales de muchos de los presentes.
Por ello, al hablar de personas, quiero recordar que 63 Magistrados han administrado la jurisdicción constitucional desde 1980, en 13 formaciones o composiciones del Tribunal distintas, bajo las presidencias de García Pelayo, Tomás y Valiente, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Bereijo, Cruz Villalón, Jiménez de Parga, Casas Baamonde, Sala Sánchez, Pérez de los Cobos y González Rivas.

Todos ellos, mujeres y hombres, extraordinarios juristas, han contribuido con su conocimiento, sabiduría, laboriosidad y dedicación a la justicia constitucional, prestigiando el nombre de nuestro órgano constitucional y alcanzando el reconocimiento de la sociedad española. Con mi agradecido recuerdo a quienes no están con nosotros ─y un especial homenaje a mi querido profesor Francisco Tomás y Valiente, víctima del terrorismo de ETA, precisamente por defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho que consagra nuestro ordenamiento constitucional─, os transmito a todos mis más sinceros sentimientos de apoyo y admiración.

Señoras y señores,
Homenajear a una institución como esta, clave de nuestra arquitectura constitucional, nos remite invariablemente a la justa valoración del periodo más largo de desarrollo social, político y económico de la historia de España, que es el que hemos vivido en las últimas décadas.

Un periodo que ha hecho posible la convivencia en libertad entre los españoles, basada en principios democráticos garantizados por el respeto a la ley como expresión de la voluntad general de los ciudadanos. Se trata de una realidad respecto de la que el Tribunal Constitucional ha desempeñado una labor esencial como máximo intérprete y defensor jurisdiccional de nuestra Norma fundamental, no solo de su letra sino también de su espíritu.

Efectivamente, nuestra Constitución, expresando la voluntad soberana del pueblo español, configuró al Tribunal Constitucional como la suprema garantía del Estado de Derecho, en el que todos los poderes públicos han de estar sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y en el que todos los ciudadanos tienen, por la Constitución, derechos y libertades que los poderes públicos han de respetar.

De este modo, el Tribunal se instauró en nuestro sistema constitucional en una posición de «guardián» e «intérprete supremo de la Constitución», independiente de los demás órganos constitucionales, con funciones de “control de la constitucionalidad de la Ley y de los Tratados”, de “enjuiciamiento de los conflictos entre Poderes y entre Territorios”, y de “garante último de los derechos de los ciudadanos”.

Esas fueron las características y funciones que la Constitución, y en su complemento y desarrollo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, atribuyeron a esa justicia constitucional única y autónoma, cuyo 40 aniversario hoy celebramos.

"...homenajear al Tribunal Constitucional, clave de nuestra arquitectura constitucional, nos remite invariablemente a la justa valoración del periodo más largo de desarrollo social, político y económico de la historia de España, que es el que hemos vivido en las últimas décadas...un periodo que ha hecho posible la convivencia en libertad entre los españoles, basada en principios democráticos garantizados por el respeto a la ley como expresión de la voluntad general de los ciudadanos..."

En ese sentido me gustaría destacar la enorme y valiosa aportación del Tribunal al desarrollo y consolidación de nuestra democracia al velar por la supremacía constitucional en que la democracia, necesariamente, se asienta.

Elementos básicos de esa aportación son: su labor esencial en el reconocimiento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos; su contribución decisiva y determinante en la articulación territorial del Estado conciliando su unidad y su diversidad; su defensa, en fin, del principio de sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la Ley, garantizando que las controversias en la vida política se resuelvan a través de los procedimientos legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

Pero, más allá de afirmar sus grandes contribuciones a nuestra convivencia y poner de relieve sus altos fines y principios, conviene hoy recordar también que nuestro Tribunal Constitucional, como juez supremo de la constitucionalidad, ha sabido desempeñar sus funciones durante decenios con hitos y logros concretos que están en la memoria de todos y que, día a día, han ido construyendo y fortaleciendo nuestro moderno Estado de Derecho.

Y al evocar sus resoluciones ─más allá de los extraordinarios resultados jurisprudenciales expuestos por el Presidente González Rivas─, es necesario apuntar, por un lado, cómo el Tribunal ha tratado en sus sentencias todos los aspectos de la vida política, económica, social y jurídica de nuestro país; y, por otro, que detrás de cada sentencia, auto y providencia, se ha buscado ─con discernimiento y mucha laboriosidad─ una solución jurídica a un conflicto de partes, resultando el Tribunal Constitucional un instrumento de seguridad jurídica para nuestra convivencia.

Permítanme, por tanto, mencionar algunas materias sobre las que se ha pronunciado el Tribunal y que ponen de relieve hasta qué punto ha estado presente en la vida diaria de nuestros ciudadanos.

Quiero referirme, en este sentido y a título de ejemplo, a las distintas sentencias sobre la organización territorial del Estado; sobre la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas; sobre la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos; sobre la tributación separada de los cónyuges; sobre la función social de la propiedad privada; sobre el derecho de asistencia letrada del detenido; sobre los derechos a la propia imagen, a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, a la presunción de inocencia, a las libertades de expresión e información y a la inviolabilidad del domicilio; o sobre la violencia de género y la representación política equilibrada entre mujeres y hombres.

Esta relación limitada de sentencias refleja, sin duda, la singladura de estos primeros 40 años de jurisprudencia constitucional que han configurado facultades, principios y orientaciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho, testimoniando simultáneamente los desacuerdos al tiempo que las aspiraciones, intereses y logros alcanzados.

Por otra parte, el Tribunal ha sabido adaptarse también a la nueva realidad social y al marco europeo en el que se incardina España mediante una permanente y especial relación con los Tribunales Constitucionales portugués e italiano y el Consejo Constitucional francés, así como a través del denominado “diálogo entre tribunales”, particularmente con los de Estrasburgo y Luxemburgo.

También ha mantenido una intensa actividad internacional, especialmente con las Cortes Constitucionales de los Países Iberoamericanos. De esta manera, ha procesado los cambios estructurales producidos durante estos años, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en los de nuestro entorno, continuando con su misión de defensa de las instituciones democráticas y de los derechos de los ciudadanos, justificando así su carácter de piedra angular de nuestro Estado constitucional.

Señoras y señores,
Por todo ello, creo sinceramente que todos podemos compartir la conclusión de que este Tribunal se ha constituido en un defensor eficaz de las garantías democráticas y, por ende, en un garante por antonomasia de nuestra democracia, de la Democracia española. Por esta razón, además de rendirle homenaje en su 40 aniversario, apelo a que lo sigamos siempre apreciando y valorando como bien merece, con toda consideración y respeto.

Termino mis palabras, transmitiendo mi felicitación más sincera al Tribunal Constitucional y a quienes lo integran, con el convencimiento de que nuestro “juez supremo de la interpretación y aplicación de la norma fundamental” continuará desempeñando siempre una función clave en defensa de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

 Muchas gracias.

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