on Felipe recibió de manos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la Memoria de la Fiscalía General del Estado que recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. En ella se recogen también las observaciones de las Memorias que los Fiscales de los distintos órganos elevan a su vez al Fiscal General del Estado.
Además de su entrega a Su Majestad el Rey, la fiscal general del Estado presenta a las Cortes Generales la Memoria en el período de sesiones más próximo a su presentación pública, que se produce en el acto de apertura del Año Judicial que preside Su Majestad el Rey.
El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124.1 de la Constitución Española).
Conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios (artículo 124.2 de la Constitución Española).
El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por Su Majestad el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, por lo que intervienen en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y su mandato tiene una duración de cuatro años.
Desde el 26 de febrero de 2020, esta responsabilidad recae en Dolores Delgado García.