u Majestad el Rey fue recibido a su llegada al auditorio de Barcelona por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.
Durante el acto Don Felipe hizo entrega del despacho y de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Doña Marta Nadal, número uno de la promoción y acontinuación se realizó la entrega de los despachos a los nuevos jueces de la LXVII promoción.
En su intervención el Rey agradeció el compromiso y manifestó que "gozáis del respaldo de todos nosotros para que vuestra actuación responda fielmente a las expectativas depositadas en la labor del Juez, como garantía última de los derechos y factor esencial para el respeto de la Ley, como expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos" y les animó "a ejercer la función jurisdiccional con la gran dignidad que merece, con la ilusión que habéis demostrado al llegar hasta aquí y con un especial sentido del deber y de entrega en vuestros destinos. En su ejercicio, indispensable en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, siempre podréis contar con la confianza y apoyo de la Corona".
La LXVII Promoción de la Escuela Judicial, está compuesta por 46 mujeres y 19 hombres, que en su mayoría comenzarán a ejercer su función jurisdiccional como titulares de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
El sistema básico de ingreso en la Carrera Judicial es el concurso-oposición, seguido por un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. Es posible además el acceso directo a la categoría de magistrado entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.
La Escuela Judicial fue refundada por el Consejo General del Poder Judicial en 1997, tras haber asumido dicho órgano plenas competencias en materia de selección y formación de jueces. El sistema tradicional de acceso a la carrera judicial, mediante la oposición, garantiza que el futuro juez ha adquirido los conocimientos jurídicos precisos para el ejercicio de la función jurisdiccional, cumpliendo los principios de mérito, capacidad e independencia.