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l mundo entero conmemora hoy el Cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando hace medio siglo las Naciones Unidas adoptaron el texto que hoy rememoramos, no quisieron detenerse en un gesto de carácter simbólico, sino que proclamaron la libertad como la aspiración más elevada del hombre, entendida como valor universal innato al ser humano del que no puede ser privado bajo ningún concepto.
De ahí que la Declaración comience afirmando, en su artículo primero, que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros."
La promoción y la protección de los derechos humanos han inspirado, desde entonces, las actividades de las Naciones Unidas y de los Estados democráticos. En estos cincuenta años, la comunidad internacional se ha dotado de los instrumentos jurídicos que han perfeccionado y dado valor normativo a los modos y medios necesarios para su defensa.
La sociedad española no ha sido ajena a este esfuerzo. Nuestra propia historia es testigo de la génesis de los derechos humanos. El pensamiento moral de Averroes y Maimónides, la obra de Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, y la legislación de Indias van dando cuerpo a las ideas que las Declaraciones de Derechos Francesa y de Virginia hicieron modernas, y la Declaración que hoy celebra sus bodas de oro hizo universales.
En una coincidencia cargada de simbolismo, este año conmemoramos también el vigésimo aniversario de la Constitución de 1978, que incorporó decididamente los principios contenidos en la Declaración Universal, haciendo de ella, en su artículo décimo, fuente primordial de interpretación de las normas relativas a los derechos y libertades definidos por el propio texto constitucional.
España ha avanzado a grandes y firmes pasos por el camino de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Nuestro país es parte en la inmensa mayoría de los instrumentos jurídicos de importancia relativos a los derechos y las libertades, especialmente los tratados y convenciones emanados del sistema de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, y está presente y activo en los distintos foros internacionales competentes en esta materia.
España acoge como un patrimonio esencial de su acervo democrático los principios consagrados en la Declaración Universal, reafirmados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993. Los españoles somos conscientes de que la defensa de los valores propios del ser humano exige satisfacer su bienestar en lo económico, lo social y lo cultural, y establecer políticas eficaces de desarrollo que puedan fomentar el disfrute de estos derechos. Pero, al mismo tiempo, consideramos que su protección y garantía no pueden ni deben efectuarse separadamente de la promoción y firme defensa de los derechos civiles y políticos.
Los derechos fundamentales son universales, porque se predican de la persona; son indivisibles, porque han de ser efectivos en su totalidad; y son interdependientes, porque el progreso social depende de la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos, así como la democracia y los derechos humanos no pueden ser realidades efectivas sin justicia social y sin desarrollo sostenible.
Precisamente por ello, los españoles proclamamos la democracia como único marco jurídico-político en el que los derechos y libertades fundamentales pueden alcanzar su pleno desarrollo, y defendemos resueltamente el Estado de Derecho, pues sólo él posee los mecanismos capaces de garantizar el disfrute de esos derechos y libertades y, llegado el caso, de poner remedio a sus violaciones.
Mientras celebramos los cincuenta años de universalidad de los principios de nuestra convivencia, quedan rincones del planeta donde estos valores no se respetan. Estamos aún lejos del ideal común proclamado en 1948, ya que el mundo está dividido en dos grandes sectores: el de aquéllos para quienes los derechos humanos son una realidad cotidiana, y el de aquellos otros para quienes son todavía un objetivo por el que luchar.
Muchos seres humanos son aún víctimas de actitudes racistas y xenófobas, discriminados por razones de religión, sexo o ideología, o sometidos a exclusiones y malos tratos degradantes. La violencia, en sus múltiples formas y a causa de los conflictos que promueve, socava gravemente la convivencia y dificulta la vigencia y universalización de los principios democráticos. Además, millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, que les priva de sus derechos fundamentales.
La erradicación de la pobreza es hoy una lucha por la dignidad del hombre. La sociedad española es consciente de que la globalización de la economía y de la información que caracteriza al mundo actual debe ir acompañada de una "globalización de la solidaridad". Así lo hemos puesto claramente de manifiesto en nuestra generosa respuesta a las grandes crisis humanitarias de los últimos años, y en particular a la reciente tragedia que ha asolado Centroamérica, con la que nos unen tan fraternales vínculos.
Creemos que la denuncia de las violaciones graves y persistentes de los derechos humanos no es suficiente, si no va acompañada del diálogo y de la asistencia necesarios para ayudar a Gobiernos y sociedades a avanzar en la senda de la democracia, lograr la instauración del Estado de Derecho, y promover la justicia social y la igualdad de oportunidades.
En este aspecto, el ámbito europeo, al que pertenecemos y con el que nos sentimos especialmente comprometidos, debe ser un espacio de libertad y solidaridad no sólo entre sus miembros, sino también más allá de sus fronteras, brindándose a los demás para contribuir a su desarrollo y para fomentar el respeto a los derechos y libertades de sus ciudadanos.
El horizonte de la Europa que deseamos no se limita a los trazos y curvas de sus magnitudes económicas. Viene sobre todo determinado por la coincidencia en una serie de valores y objetivos comunes, entre los que ocupa un lugar preferente el respeto de los derechos humanos.
La Europa de la que hablo no está compuesta sólo por los Estados miembros de la Unión Europea. Al fin y al cabo, si los Tratados de Maastricht y Amsterdam han dejado claramente establecido el respeto de los derechos humanos como requisito para pertenecer a la Unión Europea, la entrada en el Consejo de Europa de otros países del continente y la ampliación de la Unión son muestras esperanzadoras del avance de la cohesión democrática en Europa.
Quisiera recordar que, precisamente el mes pasado, entró en vigor el Protocolo de Enmienda de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que ya son parte la mayoría de los Estados del viejo continente, mediante el que se establece un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una instancia única y con jurisdicción obligatoria sobre todos esos Estados.
No quiero concluir estas palabras sin manifestar mi satisfacción y felicitar a la sociedad española por su participación en la conmemoración de este Cincuentenario. Sus actividades, tanto las realizadas por iniciativas individuales y sociales, como las encuadradas en las directrices brindadas por este Comité Nacional, han contribuido notablemente a divulgar la cultura de los derechos humanos.
La enumeración de las múltiples actividades coordinadas por el Comité, que acaba de exponer el Ministro de Asuntos Exteriores, da idea del entusiasmo con el que las instituciones oficiales y privadas, las corporaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y, en fin, la sociedad toda, en último término, han querido sumarse a esta conmemoración.
Ponen así de manifiesto su convicción de que sólo mediante la firme defensa de los valores universales que recoge la Declaración de los Derechos Humanos puede lograrse un mundo más justo y solidario, en el que todos podamos construir el mañana que queremos.
Muchas gracias.