on Felipe presidió el acto académico que se celebró para conmemorar la creación del Tribunal Supremo por las Cortes de Cádiz (Decreto de las Cortes, de 17 de abril de 1812) para ejercer las competencias establecidas por el artículo 261 de la Constitución gaditana.
El Príncipe de Asturias, a su llegada al Palacio de Justicia, fue recibido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Divar; el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Acto seguido, accedió al interior del edificio, donde recibió el saludo de los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el secretario de Estado de Justicia, Fernando Morán, entre otras autoridades.
A continuación, Don Felipe ocupó su lugar en la Presidencia del Salón de Plenos, donde abrió la sesión y concedió sucesivamente la palabra al secretario del Gobierno del Tribunal Supremo y del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Tras estas intervenciones, el Príncipe de Asturias dirigió unas palabras, en las trasladó que un afectuoso saludo de Su Majestad el Rey, quien no pudo presidir este acto al encontrarse de viaje en Arabia Saudí para presentar las condolencias a la Familia Real saudí por el fallecimiento de Su Alteza Real el Príncipe Heredero Naif Bin Abdulaziz Bin Abdulrahman Al-Saud.
Don Felipe señaló que "es momento para celebrar, pero también para reflexionar serenamente sobre la trascendencia histórica de aquellas disposiciones del texto gaditano que establecieron la creación, la composición y las competencias de lo que entonces se denominó'Supremo Tribunal de Justicia'".
En este sentido, Su Alteza Real se refirió particularmente a dos aspectos. Por un lado, "la importancia fundamental que el Tribunal Supremo tiene como institución clave del poder judicial en el Estado de Derecho". "Es bien sabido que la existencia de esteórgano supuso hace doscientos años la consagración de su independencia en el marco del principio de separación de poderes en el seno de la estructura del nuevo Estado liberal. Todo ello fue esencial para el establecimiento de un Estado de Derecho moderno en el que los ciudadanos puedan defender sus libertades y derechos ante las eventuales intromisiones de otros poderes del Estado", destacó el Príncipe.
El segundo aspecto que subrayó fue "la dimensión iberoamericana de esta efeméride. Porque, en sentido estricto, no nos encontramos solamente ante el aniversario de un hito que afectó a unúnico país. De hecho, como es conocido y se está recordando repetidamente durante este año, la Constitución de 1812 afectó decisivamente al espacio hispánico de varios continentes por dos razones principales: porque fue elaborada por diputados de ambos hemisferios y porque, en los territorios representados en las Cortes, tuvo también una amplia vigencia".
Tras hacer entrega a Don Felipe del libro "Bicentenario del Tribunal Supremo del Reino de España", y departir durante unos minutos con los asistentes finalizó el acto, el Príncipe fue despedido por las mismas personas que le recibieron a su llegada.
En la actualidad, el Tribunal Supremo es unórgano jurisdiccionalúnico en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos losórdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo constituye la cúpula del sistema de impugnaciones y es, por tanto, el máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España. Se ocupa, entre otras cuestiones, de decidir los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios, del enjuiciamiento de los miembros de altosórganos del Estado y de los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos.