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eñor Presidente,Señores Magistrados,
Es un gran honor y una satisfacción personal visitar este Tribunal que constituye un símbolo del Derecho y de la Justicia Internacional, en este día en que conmemoramos el 56ª aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas.
Quiero agradecer la hospitalidad y las palabras de bienvenida de su Excelencia, que suponen un reconocimiento del compromiso histórico de mi país con el desarrollo del derecho internacional, con la defensa de los derechos humanos y en definitiva con la paz, valores que en las presentes circunstancias reclaman nuestra adhesión con especial urgencia.
Quiero renovar ese compromiso hoy, con mi presencia en el Palacio de la Paz, no sólo recordando la confianza que España ha depositado en este Tribunal cuya jurisdicción obligatoria reconoce, sino invocando con orgullo los principios y valores que inspiran nuestra acción en el exterior: la paz, la libertad, los derechos humanos y la cooperación al desarrollo.
Estos valores y principios son precisamente los que este Tribunal propugna, defiende y garantiza, partiendo de la igualdad soberana de los Estados, y contribuyendo así al mantenimiento de la paz universal.
El Tribunal Internacional de La Haya, además de ser el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, sigue siendo el tribunal de justicia universal por excelencia y un verdadero logro histórico de la sociedad internacional. Ya en las Conferencias de Paz celebradas en esta ciudad, desde finales del siglo XIX, se buscó la instauración de un sistema de jurisdicción obligatoria de carácter universal. Años más tarde fue un español, Rafael Altamira, miembro del Comité de Expertos que preparó el proyecto para la creación del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, en el marco de la Sociedad de Naciones, el que insistió en que se exigiera a todos los Estados miembros la aceptación de su jurisdicción obligatoria.
Sin embargo, el respeto a la soberanía de los Estados hizo que, tanto en el Tribunal Permanente, como en su sucesor, el Tribunal Internacional de Justicia, la aceptación de la jurisdicción obligatoria dependiera de una cláusula facultativa. A pesar del amplio grupo de Estados que la han formulado, debemos esforzarnos para que cada vez sea mayor el número de aquellos que aceptan la jurisdicción obligatoria del Tribunal, con el fin de lograr un cumplimiento más diligente por parte de los países de sus obligaciones internacionales y una garantía más amplia de que los conflictos y las tensiones se van a resolver por medios pacíficos.
Me gustaría recordar a este respecto, un párrafo del informe del Consejo de Estado español con motivo de la declaración por la que mi país aceptaba la jurisdicción obligatoria del Tribunal:
"El Estado que formula una declaración de estas características no sólo manifiesta su confianza en el Tribunal Internacional de Justicia y en el Derecho como medio de solución de controversias, sino que también demuestra que está seguro de la licitud de su propia conducta".
Señor Presidente,Señores Magistrados,
Además del importante papel asignado por la Carta de Naciones Unidas al Tribunal y a sus Jueces, para garantizar que las controversias se resuelvan conforme a los principios de justicia y de derecho internacional, debemos agradecer, también, la labor que realizan sus señorías en el desarrollo del derecho internacional a través de sus sentencias y opiniones consultivas.
Consideramos que la obligatoriedad de la jurisdicción de este Tribunal, de vocación siempre universal, su adaptación a los nuevos retos de la sociedad internacional y la aparición de nuevas materias que pueden ser origen de disputas o tensiones, como el medio ambiente, el derecho del espacio o las nuevas tecnologías, será objeto con toda seguridad de una atención especial, mediante la que esta jurisdicción contribuirá al progreso de la comunidad internacional.
España tiene, en este aspecto, no sólo un interés jurídico, sino también histórico e intelectual. Como bien ha recordado, Señor Presidente, los padres fundadores del derecho de gentes fueron españoles. Mi país, además de conocer, en el siglo XVI, un esplendor irrepetible en las artes y en las letras, fue patria de pensadores humanistas que defendieron la justicia y enarbolaron conceptos con vocación de referente universal.
El dominico Francisco de Vitoria dedicó su vida a las doctrinas que fundamentan el contenido actual del derecho de gentes, formulando conceptos como el de totus orbis y comunidad internacional. El jesuita Francisco Suárez profundizó en las ideas de Vitoria y formuló, por vez primera, lo que debería ser la cooperación entre los Estados. Y hay otros nombres, pensadores de las Universidades de Salamanca y Valladolid, como Domingo de Soto, Baltasar de Ayala, Vázquez de Menchaca, Luis de Molina, Bartolomé de las Casas, que fueron poniendo los cimientos del concepto de comunidad internacional y de lo que, en el siglo XVI, no podía ser otra cosa que una utopía, la creación de un tribunal de justicia universal.
En la actualidad, España, fiel a su tradición jurídica, sigue teniendo una nutrida escuela de especialistas en derecho internacional. Sólo quiero recordar aquí, como ya ha hecho, Señor Presidente, a los juristas españoles que han tenido un vínculo más estrecho con este Tribunal: Rafael Altamira, Magistrado de la Corte Permanente de Justicia Internacional desde su creación, Julio López Oliván, Secretario de la Corte Permanente y Secretario también en los primeros años de este Tribunal, Federico de Castro, Magistrado de este Tribunal entre 1970 y 1979 y más recientemente Santiago Torres Bernárdez, Secretario de este Tribunal entre 1980 y 1986.
Señor Presidente,Señores Magistrados,
Es un motivo de satisfacción que en los últimos años hayamos asistido a una revitalización del Tribunal, que cada vez conoce de un mayor número de casos. Esto no significa que hay un número mayor de disputas, más bien, es reflejo de una mayor confianza de los Estados en las instituciones internacionales.
Quiero hacer, además, un elogio especial al Tribunal Permanente de Arbitraje que, ininterrumpidamente desde principios del s. XX, contribuye junto a este Tribunal a la solución de controversias por medios pacíficos.
Una nueva toma de conciencia ética de la humanidad, ha tenido como consecuencia la creación de los Tribunales Penales Internacionales, como los que juzgan los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y Ruanda. Hacemos votos también por la pronta puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, que tendrá su sede también en esta ciudad de La Haya.
Se trata de un paso histórico en la lucha contra la impunidad. España, desde un principio, ha apoyado la creación de esta jurisdicción y ha promovido con gran interés la ratificación de su Estatuto por parte de otros Estados.
Estas nuevas jurisdicciones, Sr. Presidente, deben ser consideradas como un refuerzo de la garantía en la administración de justicia y de la aplicación del derecho internacional.
No quiero dejar de mencionar a otros organismos relacionados con el derecho internacional que tienen su sede también en La Haya y que han convertido a esta ciudad en la capital jurídica del mundo: la Conferencia de Derecho Internacional Privado y la prestigiosa Academia de Derecho Internacional, de cuyo Curatorium forma parte un maestro de internacionalistas, el profesor español Antonio Truyol Serra, miembro de honor del Instituto de Derecho Internacional.
En otro orden de cosas, quiero recordar igualmente a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, en la que España participa activamente. Se trata de una joven organización que, desde La Haya, contribuye también desde su ámbito de competencias, a lograr la paz en el mundo.
La paz, Sr. Presidente, más que una aspiración debe ser una forma de vida y por eso constituye la conquista más elevada de los Estados y de los hombres. Este Tribunal es símbolo de esa paz y por eso debe ser percibido por todas las naciones como fuente de inspiración y guía de sus acciones para con otros pueblos y naciones del mundo.
Muchas gracias.