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Palabras de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en el acto conmemorativo del XXV Aniversario de la Constitución organizado por las Confederaciones sindicales de UGT y CC.OO.

Santa Cruz de Tenerife, 27.11.2003

Q

uiero, en primer lugar, expresar mi mas sincero agradecimiento a los Secretarios Generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores por la invitación que me cursaron en su día para presidir este importante acto organizado por ambas centrales sindicales, las dos principales de nuestro país, para conmemorar el veinticinco aniversario de la Constitución Española de 1978.

Me llena de satisfacción acceder a vuestro ofrecimiento que interpreto como gesto de gran significado, que recibo con mucha simpatía y que además me permite volver a tierras canarias tan queridas para mi.

Todos compartimos estos días la alegría y el legítimo orgullo de conmemorar los veinticinco años de la promulgación de la Constitución. Es algo que nos une a todos los españoles por encima de las legitimas diferencias y opiniones.

Celebramos el gran éxito colectivo que supuso su adopción y desde el que hemos caminado con gran confianza y el unánime reconocimiento de la Comunidad Internacional. Gracias a la norma fundamental que nos dimos en 1978, los españoles hemos gozado en este tiempo de un marco de convivencia estable y avanzado que ha facilitado la transformación económica y social del país, el desarrollo de las libertades ciudadanas, y la superación de largos conflictos que habían enfrentado a las generaciones anteriores. Producto del consenso de todos y para todos, nuestra Constitución representa el soporte básico de nuestro desarrollo y la mejor herramienta para seguir progresando hacia las mayores cotas de bienestar social.

La trascendencia que para todos nosotros tiene celebrar el 25 aniversario de nuestra Carta Magna, debe invitarnos, primero, a hacer una sincera reflexión acerca de los desarrollos y los logros de nuestra vida en común durante este tiempo, a la luz de los ideales que inspiraron el proceso constituyente.

Pero el camino recorrido, el más largo y fructífero en la historia democrática y constitucional española, debe animarnos, sobre todo, a proyectar nuestro futuro poniendo en juego todo el potencial que encierra nuestra Constitución y el modelo dinámico de sociedad en transformación que la misma inspira, como recordara magistralmente el insigne profesor Manuel García Pelayo, primer presidente de nuestro Tribunal Constitucional.

La consolidación de nuestras instituciones democráticas y el desarrollo del marco de derechos y libertades que constituye la espina dorsal de nuestro modelo de convivencia han sido un logro de todos y dan muestra del enorme esfuerzo y del inmenso caudal de ilusión que tuvo su momento estelar en diciembre de 1978.

Nuestra Constitución, con la definición de España, en su Título Preliminar, como Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo político, señala, desde su frontispicio mismo, la vocación transformadora en el terreno de lo social que anima todo el proceso político del que es expresión.

La constitución de España como Estado social tiene una concreción fundamental en el reconocimiento, al máximo rango, del importante papel que cumplen las organizaciones de los agentes económicos y sociales.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales son, en efecto, reconocidas en el Título Preliminar al mismo nivel que otras organizaciones esenciales para el desarrollo de la vida democrática como los partidos políticos, consagrándolos como actores necesarios y protagonistas de la vida pública.

Al actuar en la defensa y promoción de los intereses colectivos que representan, que constituyen sus intereses legítimos, las organizaciones de empresarios y de trabajadores, reconocidas como "organizaciones de relevancia constitucional" por el máximo garante de la Constitución, contribuyen, de manera efectiva, al desarrollo económico y a la cohesión social de España.

Con la perspectiva serena que nos ofrece la contemplación de este cuarto de siglo de vigencia de nuestra Ley de leyes, hemos de decir que el papel que nuestros constituyentes reconocieron y reservaron a los agentes sociales en la construcción de la España democrática, en el desarrollo real y efectivo de la libertad y la igualdad, en la promoción de la democracia económica, ha sido cumplido con ejemplaridad. Aunque evidentemente hay que seguir trabajando para sostenerlo y asegurar su continuidad.

A partir del reconocimiento de la libertad sindical, en el núcleo central de los derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución, los sindicatos de trabajadores han desempeñado, por una parte, un verdadero papel de vertebración de la sociedad.

Por otro lado, desde los primeros años democráticos hasta fechas recientes, han demostrado una innegable actitud constructiva en los momentos más difíciles e inciertos, comportamiento que ha resultado crucial para la consolidación de la democracia, contribuyendo a superar dificultades económicas, sociales y políticas, y desde luego, a una positiva integración de España en la Unión Europea. Una labor que merece nuestra gratitud y reconocimiento más sinceros.

Nuestras organizaciones sindicales han sido protagonistas, junto con las organizaciones de empresarios, de un amplio proceso de diálogo y concertación social que pone de manifiesto su inequívoca voluntad y su compromiso en la definición de las políticas con profundas repercusiones para la vida y el bienestar de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. De esta forma han contribuido a sentar las bases de un sistema democrático de relaciones laborales y a mitigar los efectos y la duración de las crisis económicas, facilitando la recuperación del crecimiento y del empleo.

La formación permanente de los trabajadores, las solución pacífica y extrajudicial de los conflictos laborales, la creación de más y mejor empleo, la reducción del paro y de la alta tasa de temporalidad en el empleo, la prevención de los riesgos laborales, entre otros, han constituido importantes objetivos comunes en torno a los cuales las organizaciones sindicales y empresariales han llevado a cabo un enorme esfuerzo de negociación y de entendimiento.

Muchos e importantes han sido los frutos de ese esfuerzo de diálogo y concertación, y podemos decir que algunos de los problemas más graves y urgentes de nuestro mercado de trabajo se han mitigado sensiblemente gracias a la acción concertada de los agentes sociales.

Otros aspectos, sin embargo, continúan ofreciendo una realidad humana y laboral que reflejan las estadísticas, que es preciso y urgente mejorar y, en este sentido, todos: instituciones, empresas, y agentes sociales, deben seguir poniendo el máximo empeño en reducir las altas tasas de siniestralidad laboral, especialmente los accidentes de los que derivan las consecuencias más graves para el trabajador.

Los sindicatos españoles, durante estos años, han mantenido sus señas de identidad y sus objetivos esenciales de defensa de los intereses de los trabajadores, y de defensa de intereses colectivos generales vinculados a las condiciones de vida, de salud, de educación, de vivienda, de protección social, etc.

Pero, al mismo tiempo, han demostrado su capacidad, como organizaciones, para interpretar y asumir los enormes cambios y transformaciones que han tenido lugar en España y en el mundo y adaptar su evolución y su estrategia a fin de estar en condiciones de defender mejor los intereses de que son portadores.

Surgen realidades nuevas en nuestra sociedad que la hacen cada vez más compleja y dinámica y que plantean retos que hemos de afrontar entre todos.

El fenómeno de la inmigración, lleno de consecuencias positivas y enriquecedoras, plantea asimismo retos enormes en el terreno de la integración laboral y social en el que las organizaciones sindicales, además de las instituciones y demás organizaciones de la sociedad civil, tienen un importante papel que desempeñar; esfuerzo que, sin duda, redundará en favor de la cohesión social.

Hoy día, los españoles debemos redoblar el esfuerzo de diálogo, entendimiento y respeto político que nos ha permitido superar los momentos de mayor dificultad, y acaso el mismo esfuerzo que hizo posible una transición a la democracia sin graves traumas, que ha sido reiteradamente puesta como ejemplo en otras realidades y experiencias nacionales.

Recordando las palabras del Rey, en el discurso pronunciado el 27 de diciembre de 1978 ante las Cortes, "Si los españoles sin excepción sabemos sacrificar lo que sea preciso de nuestras opiniones para armonizarlas con las de los otros; si acertamos a combinar el ejercicio de nuestros derechos con los derechos que a los demás corresponde ejercer; si postergamos nuestros egoísmos y personalismos a la consecución del bien común, conseguiremos desterrar para siempre las divergencias irreconciliables, el rencor, el odio y la violencia, y lograremos una España unida en sus deseos de paz y de armonía".

Con el recuerdo de esas palabras, tan vigentes aun 25 años después, termino mi intervención expresando mi sincero deseo de que el esfuerzo que ha representado en todos estos años la práctica del diálogo y la concertación social, y que constituye un verdadero ejemplo para todos nosotros, continúe recibiendo en el futuro un gran impulso, de manera que pueda continuar desarrollándose todo el potencial que encierra nuestra Constitución, y que contribuya, en su ámbito, a hacer reales y efectivos los derechos y libertades que la misma consagra.

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