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Palabras de Su Majestad el Rey a la Asamblea Constituyente de Perú

Perú(Lima), 23.11.1978

S

eñor Presidente de la Asamblea, señoras y señores representantes, a lo largo de varios siglos, nuestros pueblos han poseído una historia común. Eran partes integrantes de un único cuerpo político, al que los tratadistas, y en general el lenguaje de la época, no solían designar como Imperio. Sabido es que, esta expresión implica una clara relación de supra y subordinación que en dicho cuerpo político no existió.

La «Monarquía Hispánica» o la «Monarquía Católica», fueron los nombres con los que se designó a esa singular integración de pueblos, dentro de un mismo orden político, que se esforzó en mantener las peculiaridades de cada uno de ellos, en la medida compatible con la unidad del todo.

La consecuencia hoy es clara. La historia de los pueblos hispano-americanos, hasta su Independencia, es parte de la historia de España; al igual que la historia de España, desde su presencia en este hemisferio hasta la separación política, es también parte de la historia de cada uno de los pueblos hispanoamericanos.

Más tarde, alcanzada la independencia que imponían el curso de los acontecimientos y la razón histórica, la unidad del cuerpo político se escindió en una pluralidad de Estados soberanos, cada uno de ellos actos de sus propios destinos.

Nuestros países, si bien dejaron de tener una historia común, mantuvieron, sin embargo, en más de un aspecto, una historia con rasgos homogéneos y con acusadas semejanzas estructurales.

Análogos fueron los objetivos planteados y las dificultades encontradas para su realización. En la modernización de nuestras estructuras políticas, económicas y culturales, los pueblos hispánicos de uno y otro hemisferio hemos conocido, y con frecuencia padecido, experiencias, fenómenos y desajustes similares.

Estas semejanzas estructurales se extienden igualmente al desarrollo de nuestra historia constitucional. Sin ignorar las peculiaridades de España, de un lado, y las de cada uno de los pueblos iberoamericanos, de otro, todos hemos vivido substancialmente en los mismos ideales.Pero también hemos conocido análogos enfrentamientos ideológicos y de interés, similares contradicciones entre la validez de la norma y las coerciones de la realidad, entre los valores estimados y las posibilidades de realizarlos.

Las frustraciones han sido parecidas. Afortunadamente, a medida que progresan la cultura política y el desarrollo de nuestros pueblos, el horizonte se despeja y las realizaciones concretas van tomando cuerpo.

En este momento en que España está en trance de darse una Constitución democrática y libre, fruto de la concordia entre las distintas tendencias que encarnan la representación legítima del pueblo español, quiero rendir, ante esta Asamblea Constituyente, un sincero homenaje al esfuerzo, ya más que secular, de los pueblos iberoamericanos por ordenar su convivencia política bajo un orden constitucional.

Un esfuerzo que comienza en el fragor mismo de las guerras de la Independencia con la Constitución venezolana de 1811. Al año siguiente, nuestra Constitución de Cádiz, imaginada todavía para «los españoles de ambos hemisferios», contó en su discusión con luminosas ideas aportadas por los representantes americanos. El «Diario de Sesiones» las ha conservado felizmente para la posteridad.

Más tarde, en 1819 y 1825, Simón Bolívar desarrolla un pensamiento constitucional que, más allá de sus referencias y condicionamientos circunstanciales, muestra tal agudeza y profundidad de análisis que lo hacen digno de figurar entre los clásicos de la teoría constitucional del siglo xix.

Es perfectamente sabido, por todos quienes me escuchan, que hacia la segunda década del siglo pasado, los países hispanoamericanos emprenden decididamente su proceso de organización constitucional. Proceso sin duda accidentado, como lo fue el de España, e incluso el de algún otro país europeo, frecuentemente considerado como modelo y cuya historia política cuenta con quince Constituciones.

Pocos son los ejemplos aducibles de evolución constitucional no accidentada. Pero, con demasiada frecuencia, la historia iberoamericana ha sido, a este respecto, enjuiciada con superficialidad. En ocasiones, se ha debido al irrazonado desdén por lo que es bien conocido; en otras, por exceso de pragmatismo.

Y, sin embargo, vistas las cosas desde la debida perspectiva, el esfuerzo constitucional aquí vivido ha tenido pleno sentido y queda perfectamente legitimado ante la historia.

El empeño por enmarcar en una Constitución la vida política hispanoamericana, con su inevitable tejer y destejer, ha supuesto la voluntad decidida de no capitular en la lucha por la instauración de un orden libre.

Ha significado la clara y certera conciencia de que los hombres no sólo están condicionados por las circunstancias, sino que son también capaces de cambiarlas en función de los objetivos planteados y de los valores deseados.

Consideradas las cosas desde otro ángulo, significa también el reiterado intento de modernización de la organización del Estado. Modernización que exige tanto el sometimiento del ejercicio del poder a la disciplina de la ley, como la racionalización de la estructura y función de los poderes públicos por referencia a normas ciertas, así como la reducción de las desigualdades y discriminaciones de distinto origen a la común y efectiva condición de ciudadano. Supuestos, todos ellos, sin los cuales es imposible la existencia de una verdadera sociedad civil y de un Estado capaz de cumplir eficazmente sus funciones.

Que la tarea haya sido difícil y que, no obstante, no se haya cejado en acometerla, es un signo más de la vitalidad de los pueblos iberoamericanos en su lucha por el derecho, la libertad y la justicia.

Pero, además, a lo largo de su historia, los pueblos iberoamericanos se han mostrado capaces de aportar nuevas instituciones al campo constitucional. Pienso, por ejemplo, en el recurso de amparo, surgido originariamente en México y que se ha extendido a otros órdenes constitucionales, siendo recogido por las Constituciones españolas de 1931 y 1978.

Es cierto que el principio de la fiscalización judicial de la constitucionalidad de las leyes surgió en los Estados Unidos; pero no lo es menos que fueron las Constituciones iberoamericanas las primeras en incorporarlo, adelantándose así en muchos años a las europeas.

Asimismo, inspirados también por los Estados Unidos, algunos países del hemisferio han adoptado el principio del Estado federal; pero, al adaptarlo a sus peculiaridades nacionales, han dado origen a unas estructuras sui generis de descentralización territorial.

Finalmente, quiero recordar también que alguno de vuestros sistemas constitucionales ha aportado una modalidad específica de presidencialismo, en el que las decisiones del Jefe del Estado han de ser tomadas colegiadamente en Consejo de Ministros.

En resumen, sea creando en algún caso instituciones rigurosamente originales, sea transformando en algo nuevo inspiraciones recibidas del exterior, los pueblos iberoamericanos no sólo han mostrado una constante voluntad constitucional, sino que han hecho también relevantes aportaciones a su concepción.

El que no siempre ni en todas partes hayan sido valoradas en el grado que lo merecen forma parte de un problema más amplio y profundo de la realidad internacional.

Precisamente, es esa una razón para que considere como un verdadero honor el ser recibido hoy por esta Asamblea Constituyente, que tiene ante sí la difícil pero factible tarea de lograr esa especie de unidad de los pueblos, que representa la elaboración de una Constitución.

Es decir, por un lado, la de hermanar los valores políticos inspiradores de un orden democrático y libre con la firmeza de la organización y acción estatales; tema al que se refirió Bolívar con certeras palabras en su Discurso de Angostura.

Por otro, la de armonizar el poder con el derecho, a fin de que, como decía un bello texto medieval, «no decaigan ni el poder de la justicia, ni la justicia del poder».

Por otro aún, la de hacer compatible la máxima participación de todos en los bienes materiales y culturales -tal como exige no sólo la justicia, sino también la verdadera integración nacional- con las demandas del desarrollo económico y la natural contraposición de intereses.

Y, en fin, la de lograr la adecuación entre la firmeza de líneas estructurales de la Constitución con la pluralidad de opciones para su actualización por distintas tendencias y programas políticos.

Señor Presidente, señoras y señores representantes, como Rey de la España democrática, titular de una Corona que en otro tiempo fue común, quiero expresaros mi sincera y profunda confianza en la tarea singular e histórica que os ha encomendado como responsabilidad la nación peruana. Los ojos de América y España están puestos en vuestro empeño.

Que el acierto acompañe a vuestra obra, para bien del Perú y de los peruanos, cuyos destinos son tan queridos a todos los españoles.Muchas gracias.

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