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S.M. el Rey

Juramento o promesa ante Su Majestad el Rey de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017Institucional

​D. Ricardo Enríquez Sancho, D. Alfredo Montoya Melgar, D. Cándido Conde-Pumpido Tourón y D.ª María Luisa Balaguer Callejón juraron o prometieron su cargo ante Su Majestad el Rey.

Su Majestad el Rey, con los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y las autoridades asistentes

Su Majestad el Rey, con los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y las autoridades asistentes

© Casa de S.M. el Rey
S​u Majestad el Rey presidió el acto en el que D. Ricardo Enríquez Sancho, D. Alfredo Montoya Melgar, D. Cándido Conde-Pumpido Tourón y D.ª María Luisa Balaguer Callejón juraron o prometieron sus cargos como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, correspondientes al cupo que la Constitución reserva al Senado y que han sido propuestos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, según lo determinado por el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el director general de los Registros y el Notariado, Francisco Javier Gómez Galligo.

Los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional expresaron su compromiso ante un ejemplar de la Biblia abierta por el Libro de los Jueces, y ante otro de la Constitución que mostraba el artículo 159 del Título IX, referido al Tribunal Constitucional.

Según establece la Constitución (Titulo IX, artículo 159), el Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por Su Majestad el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos), por un periodo de 9 años, debiéndose renovar por terceras partes, en grupos de cuatro cada tres años, salvo que se produzcan ceses por las causas tasadas en la ley.

  • Ricardo Enríquez Sancho ante Su Majestad el Rey momentos antes de jurar su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    Ricardo Enríquez Sancho ante Su Majestad el Rey momentos antes de jurar su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • Ricardo Enríquez Sancho jura ante Su Majestad el Rey su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    Ricardo Enríquez Sancho jura ante Su Majestad el Rey su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • Alfredo Montoya Melgar ante Su Majestad el Rey momentos antes de jurar su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    Alfredo Montoya Melgar ante Su Majestad el Rey momentos antes de jurar su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • Alfredo Montoya Melgar jura ante Su Majestad el Rey su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    Alfredo Montoya Melgar jura ante Su Majestad el Rey su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • Cándido Conde-Pumpido Tourón ante Su Majestad el Rey momentos antes de prometer su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    Cándido Conde-Pumpido Tourón ante Su Majestad el Rey momentos antes de prometer su cargo como magistrado del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • Cándido Conde-Pumpido Tourón promete ante Su Majestad el Rey su cargo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    Cándido Conde-Pumpido Tourón promete ante Su Majestad el Rey su cargo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • María Luisa Balaguer Callejón ante Su Majestad el Rey momentos antes prometer su cargo como magistrada del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    María Luisa Balaguer Callejón ante Su Majestad el Rey momentos antes prometer su cargo como magistrada del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • María Luisa Balaguer Callejón promete ante Su Majestad el Rey su cargo como magistrada del Tribunal Constitucional
    © Casa de S.M. el Rey

    María Luisa Balaguer Callejón promete ante Su Majestad el Rey su cargo como magistrada del Tribunal Constitucional

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017
  • Su Majestad el Rey, con los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y las autoridades asistentes
    © Casa de S.M. el Rey

    Su Majestad el Rey, con los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y las autoridades asistentes

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 14.03.2017

Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

El sistema de competencias atribuidas en la actualidad al Tribunal Constitucional es el siguiente:

a) Control de constitucionalidad de normas con rango de ley, sean del Estado o de las Comunidades autónomas. Este control se realiza a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad. El primero es un recurso directo y abstracto, promovido por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados o Senadores y los Gobiernos y Parlamentos autonómicos. De todos ellos conoce el Pleno del Tribunal.

b) Conflictos constitucionales. Bien entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas o de dos o más Comunidades Autónomas entre sí; bien entre órganos constitucionales del Estado. Los primeros pueden ser positivos o negativos; aquéllos tienen por objeto normas sin rango de ley que son expresión de una controversia entre el Gobierno de la Nación y los Ejecutivos autonómicos sobre la distribución constitucional y estatutaria de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas; pueden plantearlos los Ejecutivos estatal y autonómicos. Con los conflictos negativos se trata de resolver la titularidad de una competencia respecto de la que ninguno de los órganos requeridos se estima competente, y puede ser promovido por particulares y por el Gobierno de la Nación. Los conflictos entre órganos constitucionales pueden enfrentar al Gobierno de la Nación, al Congreso de los Diputados, al Senado y al Consejo General del Poder Judicial entre sí, y tienen por objeto la definición de sus respectivas atribuciones competenciales.

c) Conflicto en defensa de la autonomía local, promovido por municipios y provincias con ocasión de leyes o normas con rango de ley, estatales o autonómicas, que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

d) Control previo de constitucionalidad de Tratados internacionales, a requerimiento de Gobierno, del Congreso o del Senado. Se trata de un procedimiento en el que se pretende evitar la integración en el Derecho español de normas internacionales contrarias a la Constitución. Se han dado dos casos en los que se hizo uso de ésta vía de control del Tribunal. El primero concluyó que España sólo podía integrar el Tratado de Maastricht si previamente se reformaba el art. 13.2 de la Constitución, como así se hizo (agosto de 1992). Y el segundo fue la declaración 1/2004 en la que se dijo que no hacía falta modificar la Constitución para incorporar la llamada Constitución Europea.

e) Recurso de amparo, del que conocen las Salas, que puede ser interpuesto por cualquier persona, nacional o extranjera, física o jurídica, en defensa de los derechos reconocidos en los arts. 14 a 30 de la Constitución.

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