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Palabras de Su Majestad el Rey en la inauguración de la III Conferencia de Presidentes de Tribunales y Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, Portugal y España

Madrid, 27.10.1997

L

a Conferencia que ahora comienza, y a cuyos participantes hago llegar mi saludo y bienvenida, enlaza con las anteriormente celebradas en 1990 y 1993 y supone la confirmación de la idoneidad de este foro como sede de intercambio de inquietudes, experiencias y proyectos sobre el Poder Judicial en nuestros países. Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad para estrechar unas relaciones de cooperación que, tanto en el plano bilateral como en el multilateral, han adquirido ya un notable grado de desarrollo.

En el mundo cada vez más interrelacionado en el que vivimos, el ideal del Estado de Derecho es el fundamento de la organización de toda sociedad, y los derechos humanos, cuyo reconocimiento y garantía efectiva se hallan en el núcleo de esa estructura jurídica, se han convertido en la razón de ser de todas las organizaciones políticas.

Tanto los documentos internacionales como las Constituciones de los Estados asumen y defienden estas premisas, de manera que estos derechos, su respeto y su protección, son una de las condiciones indeclinables sobre las que se asienta la convivencia en paz y libertad. Son, en otras palabras, el contenido material de la justicia, valor superior de todo ordenamiento jurídico.

De ahí se desprende la importancia que ha adquirido el Poder Judicial, en la medida en que los jueces son los llamados a tutelar esos derechos de las personas. La función jurisdiccional, por encima de su significado técnico de declarar cuál es, en cada caso controvertido, la solución querida por el ordenamiento, ha pasado a distinguirse por ser el principal cauce a través del que los derechos humanos, convertidos en derechos fundamentales o constitucionales, encuentran amparo.

El proceso de universalización del Estado de Derecho y de las libertades y garantías que implica, ha generalizado los problemas prácticos que su funcionamiento supone. De este modo, si siempre han existido puntos comunes de interés y soluciones semejantes en diferentes ordenamientos, hoy en día la homogeneidad en estas materias es mayor que nunca. Las fronteras, en este terreno, cada vez tienen menos importancia.

Nuestros pueblos están unidos, además, por otros vínculos afianzados por la historia. La lengua y la cultura y, sobre todo, una prolongada convivencia, han trabado con fuerza nuestros destinos, permitiendo que surja una comunidad de percepciones y sensibilidades, de convicciones y tradiciones, por encima de aquello que afirma la singularidad que a cada uno nos diferencia.

De ahí que sea fácil abordar en este marco los retos principales que afectan al Poder Judicial en nuestras sociedades y que estén al alcance soluciones constructivas a los problemas que padecemos. Los horizontes de cooperación son, pues, muy amplios. Las realizaciones que han tenido lugar son significativas y ponen de manifiesto las posibilidades que se abren para el futuro.

Es preciso, para no desaprovechar estas magníficas perspectivas, tomar un nuevo impulso. Precisamente, esta III Conferencia puede contribuir a ampliar las bases desde las que proseguir tal esfuerzo.

Los temas que van a ser objeto de estudio y debate se encaminan a esa meta. La independencia judicial y la organización del gobierno de este poder del Estado, los sistemas a través de los cuales han de ser seleccionados los jueces, la formación permanente que han de recibir, la unidad jurisdiccional, la aplicación de las nuevas tecnologías, y en especial de la informática, a la oficina judicial, son los ejes principales de una reflexión sobre la Administración de Justicia capaz de identificar las claves que le permitan ponerse a la altura de los tiempos.

El reto que, respecto del Poder Judicial, tenemos planteado es el de situarlo en condiciones de responder a las demandas de las sociedades del nuevo milenio. En ese sentido, los trabajos que aquí van a tener lugar, completados con la evaluación de la cooperación hasta ahora ensayada entre nosotros y con la definición de las líneas a través de las que debe discurrir en adelante, han de ofrecernos criterios seguros para afrontar ese desafío.

A partir de la experiencia de las Conferencias anteriores y del esfuerzo que todos han puesto en la preparación de ésta, cabe augurarle un resultado provechoso, que sinceramente os deseo. La acogida general que ha recibido, patente en la asistencia constante de prácticamente todas las Cortes Supremas de Justicia y de todos los Tribunales Supremos de Iberoamérica, de Portugal y de España, a las que hoy se une la Corte Suprema de Justicia de Filipinas, confirman esta fundada expectativa.

Declaro inaugurada la Tercera Conferencia de Presidentes de Tribunales y Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, Portugal y España.

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