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Palabras de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias al inaugurar el seminario conmemorativo del 50 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos

Madrid, 27.10.1998

P

ermitanme que inicie estas palabras agradeciendo la invitación a presidir este acto en el que inauguramos un Seminario que está centrado en la conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Considero que presidirlo e intervenir en él, son dos privilegios que me satisfacen enormemente como Heredero de la Corona y también, claro está, como licenciado en Derecho.

La idea de los derechos humanos, pese a poseer muy antiguas raíces, es ciertamente moderna. Todo el discurso sobre los derechos entendemos que arranca del pensamiento liberal, tanto en su vertiente filosófica, como en su planteamiento jurídico-político.

En el tiempo transcurrido desde las primeras Declaraciones hasta nuestros días se han abierto camino con dificultades y, a veces, han sufrido grandes embates. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que ha encontrado a su paso y de la radical negación que ha padecido en algunos momentos, la convicción de que las personas poseen ciertos derechos inalienables que emanan de la dignidad que las distingue, y que son merecedores del máximo reconocimiento y respeto, se ha convertido en uno de los rasgos distintivos de nuestra cultura y de nuestra civilización.

Esto se debe a que tales categorías --los derechos humanos-- encierran algo más que principios políticos y formulaciones jurídicas. En su seno late un profundo sentido moral, precisamente el que es propio de la sociedad en la que se afirman. Los derechos, en efecto, lo son por la dimensión ética que les es propia. Porque tienen como razón de ser la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, aquéllas que las hacen ser propiamente seres humanos. Así como su ejercicio en el seno de una comunidad de respeto mutuo, de convivencia pacífica.

La Declaración Universal supo captar esta faceta y, por eso, señala en su Preámbulo que su contenido es "el ideal común por el que todos los pueblos deben esforzarse".

Nuestra Constitución, cuyo vigésimo aniversario celebramos también este año, ha sabido captar igualmente ese significado y lo ha expresado con una fórmula que a la fuerza de su contenido ético añade una clara connotación estética, cuando dice en su artículo 10.1: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". En el fondo, tanto la Declaración de 1948, como el texto de 1978, nos están señalando cuál es el sentido de la justicia que deben asegurar las distintas formas políticas. Coincidencia tanto más señalada a la vista de que nuestro constituyente quiso que la interpretación de las normas del texto fundamental en materia de derechos y libertades se haga conforme a esa Declaración y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Con esto se está diciendo otra cosa no menos importante: que la manera en la que las sociedades organizan su gobierno no sólo ha de ser compatible con estos ideales, sino que debe diseñarse para hacerlos efectivos.

En términos formales, sucede así en casi todos los Estados. Pero las formas, con ser necesarias, no son suficientes, si no van acompañadas de contenidos coherentes con sus enunciados. Así, ocurre que aún en los supuestos en los que se ha logrado construir un sistema jurídico eficiente para garantizar los derechos humanos, se producen con frecuencia situaciones injustas.

La explicación no se reduce a la imperfección inherente a la naturaleza humana, ni a las limitaciones técnicas de un determinado ordenamiento jurídico. Además, entran en juego otros factores que configuran una realidad muy compleja.

Ante todo, hace falta tener presente que no se han conjurado para siempre --todo lo contrario-- los planteamientos y las actitudes que no creen en los derechos, que no aceptan que el ser humano es un fin en sí mismo, y lo manipulan poniéndolo  al servicio de dogmas, mitos, o concretos intereses materiales.

Luego, existe otro orden de dificultades. Así, es preciso considerar que estos derechos se esgrimen o ejercen por unas personas respecto de otras, que son igualmente titulares de los mismos o de otros derechos, por lo que hace falta deslindarlos cuando entran en conflicto y ponderar hasta donde llega el de cada uno.

Por otra parte, no se puede desconocer el dinamismo que  caracteriza a estos derechos. En efecto, en cuanto manifestación jurídica y política de la moralidad social, los derechos humanos han de reflejar, por fuerza, los cambios que se producen en las ideas y convicciones sobre las que la sociedad fundamenta la convivencia. Y esas ideas evolucionan al tiempo que cambia la realidad, buscan respuestas a los nuevos retos, se adelantan al más acabado de los ordenamientos constitucionales.

En definitiva, la idea de la justicia siempre se halla por delante, más lejos, de nuestras realizaciones. Conforme éstas progresan, se aleja para señalar una nueva meta. Por eso, cada vez surgen ante nuestros ojos reivindicaciones de nuevos derechos.

Ahora bien, esta misma propiedad que caracteriza a los derechos humanos - esto es su vinculación con la justicia y, por tanto, su pretensión de vigencia tanto en las relaciones con los gobernantes como en las relaciones con los particulares- trae consigo otro rasgo muy importante. Se trata de la energía transformadora que despliegan cuando se enfrentan a su desconocimiento, a su violación. Es la fuerza de lo justo, que fortalece al sistema que la recoge y repara el daño restableciendo el derecho lesionado.

La historia reciente contempla grandes progresos en este ámbito. Es claro que la humanidad ha sido capaz de aprender algunas lecciones del pasado y se esfuerza por no repetir los errores que tanta destrucción y sufrimiento ocasionaron no hace mucho tiempo. Pero la satisfacción legítima por los avances que se han producido no deben ocultar la inmensa tarea que todavía queda pendiente.

Lograr "todos los derechos humanos para todos", según propone el lema elegido por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar este aniversario, requiere un firme compromiso de los Estados y de los ciudadanos que los integran, pues no es ésta una labor que sea privativa de los gobernantes. Al contrario, cuanto mayor sea la conciencia social sobre los derechos humanos, más capacidad tendrán aquellos para impulsar las transformaciones que su protección exige.

Del mismo modo, será menester superar otras barreras no menos importantes, como son las que establecen las desigualdades económicas excesivas, bien sea en el seno de un Estado, bien sea entre unos y otros Estados. El contraste que hoy contemplamos entre el bienestar de unas sociedades y la miseria de otras, no se compadece con ese ideal moral de la humanidad en que consiste la Declaración Universal al igual que tampoco es compatible con la guerra que sigue asolando muchas tierras con sus secuelas de muerte y devastación.

Los derechos humanos, su reconocimiento y respeto para todos los seres humanos, son todavía un reto. Son en sí mismos un desafío porque responden a una necesidad imperiosa para las personas y para las sociedades. En esta lucha por los derechos humanos, el primer paso es el del conocimiento para su reconocimiento. La conciencia de lo que significan, la identificación de las dificultades que, en cada país, afrontan, la determinación de los medios idóneos para promover su respeto, son pasos previos a la acción. Por eso son importantes todos los esfuerzos que apuntan a ese gran objetivo. La cultura de los derechos humanos es el primer instrumento para la realización de esos derechos.

El Seminario que hoy comienza ha de ofrecernos resultados relevantes en esa línea. Su título condensa los dos aspectos que es preciso conjugar en este campo: la consolidación de lo que ya se ha logrado en materia de derechos y garantías y el reto del futuro en, al menos, dos planos: los desafíos de los nuevos derechos y el despliegue de la igualdad necesaria para que todos disfruten de los derechos que hoy están reconocidos.

Del esfuerzo de los ponentes y de la contribución en los debates de cuantos asistirán a sus sesiones saldrán, sin duda, análisis precisos y propuestas operativas. Será una aportación valiosa, no sólo a la conmemoración de un aniversario tan señalado, sino al propósito que inspira la Declaración Universal de Derechos Humanos.

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