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S.M. el Rey

Audiencia a D. Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del Estado

Palacio de La Zarzuela. Madrid, 03.09.2014Institucional

​Fue recibido por Su Majestad el Rey, a fin de hacer entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.

Don Felipe recibe la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado

Don Felipe recibe la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado

© Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
E​l Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124.1 de la Constitución Española).

Conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios (artículo 124.2 de la Constitución Española).

  • Su Majestad el Rey recibe el saludo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
    © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

    Su Majestad el Rey recibe el saludo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 03.09.2014
  • Don Felipe recibe la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado
    © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

    Don Felipe recibe la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado

    Palacio de La Zarzuela. Madrid, 03.09.2014

El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por Su Majestad el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, por lo que intervienen en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y su mandato tiene una duración de cuatro años.

Desde el 30 de diciembre de 2011, esta responsabilidad recae en Eduardo Torres-Dulce Lifante.

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